Desbalance fiscal de 2025 en Colombia y su impacto en las regiones

Actualidad economica y sectorial04-04-2025

El desbalance fiscal proyectado para 2025 en Colombia representa un desafío clave para la estabilidad económica del país y el desarrollo de sus regiones. A medida que el Gobierno enfrenta dificultades para equilibrar ingresos y gastos, las finanzas públicas se ven presionadas por factores como la desaceleración económica, la reducción en la recaudación tributaria y el aumento de compromisos en inversión social e infraestructura.

Adicional al alto déficit fiscal con que el Gobierno cerró el 2024 (6,8 %) se suma un nuevo riesgo: que el déficit de 2025 vuelva a ubicarse por encima de la meta (+5 %), lo que implicaría, una vez más, un desbalance entre los ingresos que se reciben y los gastos y motivaciones por parte del Ejecutivo para adquirir más deuda.

¡El año empezó con cifras en rojo! En enero, el déficit fiscal del Gobierno nacional central fue de $12,3 billones, lo que equivale al -0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras del Ministerio de Hacienda. Esto se debe a un incremento del 35 % en los gastos ($41,9 billones) y una caída del 0,2 % en los ingresos ($29,6 billones) cuando se comparan con las cifras 12 meses atrás.

Al respecto, el exministro de Hacienda, Diego Guevara, aseguró antes de dejar su cargo que revisar el déficit fiscal en términos mensuales no es un ejercicio riguroso. “El ejercicio fue el Plan Financiero que presentamos en febrero, en el que reconocemos un déficit por encima de lo esperado y eso nos lleva a tomar unas decisiones en términos de ajuste para mantener la sostenibilidad fiscal”, dijo.

Lo cierto es que, al igual que en 2024, se mantiene el riesgo de que el Gobierno no pueda cumplir con sus obligaciones por cuenta del deterioro fiscal. La pregunta es ¿cuáles serán los gastos que se aplacen considerando la inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación?

En el pasado, cuando se necesitaron recortes, el Gobierno manifestó que optaría por evitar tocar la inversión y concentrarse en reducir el costo del funcionamiento del Estado para mejorar la disponibilidad de caja.

Sin embargo, a finales del enero, con el decreto de aplazamiento por $12 billones para 2025, los mayores montos (con excepción de los $2,8 billones para la financiación de pensiones del régimen de prima media) corresponden a los siguientes conceptos:

• Transferencias del Ministerio de Hacienda ($1,3 billones).

• Inversión en proyectos viales de transporte público de pasajeros regionales ($2 billones).

• Financiación de obras como el Canal del Dique en el río Magdalena o el Metro de la 80 en Medellín.

Impacto de los ajustes del Gobierno colombiano en las regiones

El exministro de Hacienda, Diego Guevara, indicó en varias ocasiones que para sortear el desbalance fiscal será necesario reprogramar el pago de vigencias futuras, aunque ha insistido en que las transferencias se aplazarán solo en casos de incumplimiento, como viene sucediendo con la vía Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca, cuyas obras están paralizadas.

Esto ha motivado a los alcaldes y gobernadores a buscar reuniones con el Ministerio de Hacienda para llegar a acuerdos que les permitan atender sus necesidades de caja y continuar con el cronograma de proyectos que han ido avanzando, tal como ocurrió a mediados de marzo con el Metro de Medellín.

Sin embargo, será con los cambios que trae la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que se alcance una consolidación fiscal o definitivamente las finanzas públicas se vuelvan insostenibles, en particular, cuando se apruebe el proyecto de ley que distribuirá las competencias entre los distintos niveles de gobierno, el cual se radicaría en el Congreso en abril.

El Sistema General de Participaciones (SGP) se refiere a las transferencias que hace el Gobierno central con recursos del presupuesto nacional a las regiones (departamentos y municipios) para gastos en educación, salud, agua e infraestructura, por mencionar algunos usos.

La reforma al SGP, aprobada por el Congreso de la República el año pasado, busca que el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se le asignan a los entes territoriales aumente del 22 % actual al 39,5 %, entre otros cambios. Este año, el Gobierno se comprometió con un incremento del 11 % del rubro destinado al SGP.

Si por cuenta de esta reforma se incrementa sustancialmente la participación de las transferencias en el Producto Interno Bruto (PIB), el país sobrepasaría su límite de deuda en una década y la presión de gasto sería tan alta que pondría en riesgo la financiación de otras funciones y necesidades del Estado, tal como lo advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

Si, por el contrario, se reduce la carga del Gobierno central y se libera espacio fiscal, según lo que han explicado los autores de la iniciativa, esto ayudaría a cerrar la brecha entre ingresos y gastos que se amplió en Colombia después de la pandemia. En este caso el reto está en que es necesario superar las ineficiencias de forma que el Estado pueda delegar responsabilidades a los territorios.

Hoy la mayoría de los analistas coinciden en que las finanzas públicas regionales en Colombia tienen una alta dependencia del Gobierno nacional y en que cada vez se hace más necesario apuntarle a una autonomía fiscal sostenible y eficiente, tal como lo advierte el estudio Descentralización Fiscal en Colombia, elaborado por los investigadores Juan Gonzalo Zapata y Martín Jaramillo.

“La descentralización en Colombia es una necesidad, pero ha sido claramente insuficiente. Si acaso después de la Constitución de 1991 ha beneficiado a los municipios, incluso ha crecido en los últimos años, pero con los departamentos seguimos con una deuda importante”, señaló Jaramillo, quien presenta en el estudio medidas alternas que podrían tener un gran impacto sin necesidad de pasar por el Congreso.

Incluso la firma advirtió que este año será crucial la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) para el análisis de la solidez de los ingresos y sostenibilidad del gasto regional, pues con la decisión de aumentar las transferencias del Gobierno “otros tendrían un impacto definitivo que no es posible evaluar con tanta anticipación”.

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